Legalizar la eutanasia

Hoy hace 20 años, murió Ramón Sampedro. Su testimonio provocó un intenso debate en torno a si había que legalizar la eutanasia, que todavía sigue porque la cuestión no se ha resuelto. En el fondo quien sufre el problema son las personas que la solicitan para ellas mismas, y sus familiares, que ven como el hecho de que la eutanasia sea ilegal entorpece la toma de decisiones.

Qué es la eutanasia y para qué situaciones se plantea

El Comité de Bioética de Cataluña, en el año 2010, definió la eutanasia como la actuación llevada a cabo por un profesional sanitario que tiene como objetivo provocar directamente la muerte de un paciente que sufre una enfermedad incurable e irreversible, y que se encuentra en un estado de sufrimiento intenso que no ha podido ser aliviado por otros medios, a petición expresa, informada y reiterada del mismo paciente.

Según esta definición, la eutanasia sólo se puede plantear para una persona que tiene una enfermedad de la que no se puede curar y que le provoca un gran impedimento. Este debe ir acompañado de sufrimiento, que se refiere al dolor emocional: el convencimiento de que los impedimentos no desaparecerán. Es necesario haber intentado aliviar el sufrimiento por medios convencionales. Y el paciente debe pedirla expresamente, conscientemente, con toda la información disponible y de manera repetida. Con este último punto se quiere evitar que se trate de una decisión cambiante.

Legalizar la eutanasia debería servir para introducirla como estrategia terapeutica, teniendo muy claro en qué casos es aplicable y en cuáles no.

El debate sobre legalizar la eutanasia

En enero de 1998 murió Ramón Sampedro a los 55 años, habiendo pasado 30 de estos tetrapléjico. Sus últimos años los dedicó a luchar judicialmente para conseguir que le permitieran morir con dignidad y que, además, quien le ayudara a hacerlo, no incurriera en ningún delito, porque su estado le impedía hacerlo lo por él solo. Sampedro fue el primer ciudadano español en pedir la eutanasia, y su testimonio abrió el debate social sobre la cuestión. La muerte de Sampedro se produjo por ingesta de cianuro, con la ayuda de una amiga suya (que le proporcionó la sustancia) y que lo confesó 7 años después, cuando el delito ya había prescrito.

Este es el vídeo con el fragmento final de la película Mar Adentro (Alejandro Amenábar, 2004), que explica el proceso de Ramón Sampedro, interpretado por Javier Bardem:

• Argumentos a favor: El derecho del paciente a tomar decisiones sobre su propio cuerpo (principio de autonomía), el deber de los profesionales sanitarios de aliviar el sufrimiento (principio de beneficencia) y el derecho a la calidad de vida.
• Argumentos en contra: La concepción religiosa que la vida no pertenece a la persona sino a Dios (entendido como figura superior en cualquier religión), la duda de si la muerte en eutanasia sería realmente “digna” y la dificultad de distinguir la eutanasia del suicidio.

Cómo afecta a los demandantes la ilegalidad de la eutanasia

La eutanasia, como veíamos en la definición unas líneas más arriba, debe practicarla un profesional sanitario. Y como está penada los profesionales sanitarios no están dispuestos a hacerlo. Por lo tanto el el problema pasa a ser de los demandantes: ven como la eutanasia deja de ser una opción, y no por un motivo médico, sino por un motivo jurídico.

Esto complica un proceso de toma de decisiones que ya es lo bastante difícil por si solo. Tres partes se ven afectadas:

1. El paciente: Que no quiere vivir una vida que percibe como una condena. Porque su problema es, precisamente, estar vivo. Y esto le puede durar muchos años, tanto si la enfermedad es progresiva como si no.
2. La familia: Que tiene que ver una y otra vez como su ser querido les dice que quiere morir. La dureza de esta situación solo la conoce quien la ha sufrido.
3. El profesional sanitario: Que debe cumplir el deber de aliviar el sufrimiento, incompatible con su otro deber de preservar la vida, y que no puede “decidir” cuál de las dos cosas hace porque se lo está imponiendo un juez.

Legalizar la eutanasia, pues, también debería servir para ponerla sobre la mesa como posibilidad, en los casos previstos, y que los afectados pudieran tomar la decisión basándose en criterios médicos y personales. Mientras una ley limita una cuestión tan personal, la toma de decisiones se ve interrumpida. Y los implicados se sienten indefensos por la ley que se supone que debería defenderles.

Enlace a la web de la Asociación Derecho a Morir Dignamente

Elementos para avanzar en el debate

Hay unos criterios según los cuales la demanda de eutanasia se considera “razonable”. Pero las situaciones son muy personales, y los criterios no lo contemplan todo. ¿Quien debe decidir en caso de duda? ¿Se puede compartir esta decisión entre el paciente y los profesionales sanitarios?

Cuando una persona ha pedido que se le practique la eutanasia y se le ha denegado, ¿quién y cómo se beneficia de esta denegación?

Sin entrar en juicios de creencias: El precepto religioso que obliga a una persona a respetar la propia vida porque ésta pertenece a Dios, ¿en que contribuye a resolver el problema del paciente?

A la hora de aceptar o denegar una eutanasia, ¿que debe pesar más: La ley, la voluntad individual o el criterio de los expertos?

¿La muerte es el problema o es la solución? Según si se lo preguntas a la ley o al demandante de eutanasia.

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